Los activos legales 2.0, un nuevo El Dorado para el inversor – Cinco Días

Al menos una vez en nuestra vida, todos hemos vivido cómo nos cancelaban o retrasaban un vuelo. Sin embargo, el número de personas que reclaman estos abusos en nuestro país es demasiado bajo. Diversos estudios estiman que sólo el 5% de los afectados acaban reclamando. Lo mismo puede decirse de los abusos que se producen en el resto de las industrias. La realidad es que a las empresas les cuesta mucho menos dinero indemnizar a los pocos afectados que se deciden a reclamar que cumplir fielmente con los contratos con sus clientes. El resultado es un sistema que pone los incentivos en el lado de los abusos e incumplimientos con sus clientes.

Hoy por hoy, el único camino para revertir esta situación pasa por incrementar muy significativamente el número de reclamaciones de los usuarios afectados. Cuántas más reclamaciones, más antieconómico resultará para las empresas continuar con este tipo de conductas. Podemos tener excelentes jueces, magistrados y normativas protectoras, pero si los afectados no reclaman es imposible que estas instituciones puedan cumplir con su cometido.

No obstante, al igual que con las personas físicas, un 49% de las pequeñas empresas que reconocen tener una necesidad legal no contratan los servicios o deciden posponerlos. La principal causa es el coste económico del servicio, pero también el desconocimiento a la indemnización que les corresponde.

Para conseguir este aumento de reclamaciones es necesario procurar un acceso a la justicia más sencillo, conveniente y asequible. La sencillez y la conveniencia pueden conseguirse haciendo un uso muy intensivo e intencional de la tecnología. Sin embargo, aunque las compañías trabajen con modelos digitales no se eliminan los gastos asociados, como son los abogados, procurador o perito.

Pese a que los ciudadanos cuentan con todas las papeletas para ganar esa reclamación, estos costes sumados a la incertidumbre de los procedimientos judiciales producen un gran efecto desincentivador que explican estas tasas de reclamaciones tan bajas.

Este vacío legal ofrece una oportunidad de negocio para aquellos profesionales que tengan el músculo financiero suficiente como para adelantar el dinero a sus clientes en casos que suelen gozar de una tasa de éxito contrastada, a veces cercana al 100%. Sin embargo, esta solución deja al proveedor de servicios con un negocio con fuertes flujos de caja negativos, sobre todo en épocas de gran crecimiento en clientes. Las empresas que sigan este modelo pueden literalmente morir de éxito.

Este escenario ha llevado a que estas empresas de servicios profesionales ofrezcan a los inversores una nueva clase de activos, derivados de litigaciones masivas. Carteras de cientos o miles de casos con una gran certidumbre y predictibilidad tanto del resultado como de los plazos de los flujos de caja. Los conocidos como activos legales 2.0.

Estos activos ofrecen una liquidez y flujo de caja constante, al tratarse de grandes carteras de casos con distintas fechas estimadas de resolución constantes en el tiempo. En resumen, al inversor puede ofrecerse pago de intereses y amortización periódicos completamente desvinculados del mercado.

También cuentan con un bajo riesgo. Se trata de carteras de cientos o miles de casos idénticos o muy similares entre sí donde ya existe una clara jurisprudencia, a veces incluso a nivel del Tribunal de Justicia de la UE. Los dueños de estos activos cuentan con un nivel de predictibilidad superior, formada por multitud de casos idénticos sobre los que los tribunales vienen aplicando una jurisprudencia ya consolidada y donde los porcentajes de éxito se sitúan, en ocasiones, cerca del 99%. Además, estos casos suelen garantizarse entre sí (cross-collateralized) lo que ofrece cobertura adicional al inversor sobre una bajada del rendimiento en la gestión del activo.

De igual manera, estos activos son generados y gestionados por empresas líderes en su mercado con tasas de éxito y reputación contrastada. Los inversores no deben preocuparse de originar ni gestionar estos activos. A cambio estas empresas deben tener unos sistemas de gestión altamente automatizados y trazables de manera que puedan proporcionar un mayor nivel de confort y transparencia a sus inversores durante toda la gestión de los activos y la completa devolución de la inversión con sus retornos.

Unas características muy apreciadas por los inversores en momentos de incertidumbre y volatilidad como los actuales. Frente a otros activos, lo que desencadena el flujo de caja en un activo legal es, habitualmente, una resolución judicial, cuyos factores determinantes y plazos no dependen de condiciones de mercado de acciones, tipos de interés, inflación, sentimiento de mercado u otros indicadores financieros que afectan los retornos de los activos tradicionales.

Unas ventajas que se han podido ver con claridad durante la pandemia en 2020 y la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, cuando el sistema judicial siguió funcionando y los ciudadanos y pymes siguieron cobrando sus reclamaciones. Así, mientras se desarrolla un sistema más justo y transparente, donde se premia al que cumple con la ley y se da un mayor acceso a las personas y pymes a la justicia, los inversores encuentran una oportunidad para obtener importantes flujos de caja positivos y una preciosa liquidez sin apenas riesgo.

Dimas Cuesta es Co-Ceo y fundador de in99

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